El caso de la española Maricarmen pone en evidencia que a medida que aumenta la expectativa de vida, se hace más difícil garantizar condiciones dignas a las personas mayores. ¿Qué tienen previsto los gobiernos latinoamericanos para enfrentar una problemática como esta?
La historia de
Maricarmen, la madrileña de 87 años desalojada por la Policía de su apartamento
en el que había vivido desde 1956, (y recién fallecida) tuvo un impacto internacional poco frecuente
para un asunto de vivienda que también afecta a miles de personas mayores en
América Latina. Tan solo en la Ciudad de México, organismos de la sociedad
civil han reportado más de 1,200 casos de personas mayores expulsadas de sus
hogares en los últimos cinco años. Pero estos datos solo son signo de una
situación más compleja que afecta a muchos adultos mayores: la garantía de una
vida digna.
En nuestra
región, el problema tiende a crecer porque América Latina está envejeciendo
antes de haber construido sistemas suficientemente sólidos de pensiones, salud,
cuidados, vivienda y protección social. La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) estima que para 2030 habrá más personas de edad avanzada que menores de
15, mientras que, para 2050, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) calcula que una de cada cuatro tendrá más de 60 años.
Ilan Goldfajn,
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, escribió que América Latina
y el Caribe atraviesan “una de las transiciones demográficas más rápidas de la
historia de la humanidad”. Además, la tasa de fecundidad disminuyó a 1,8
hijos por mujer y se mantiene desde hace una década por debajo del nivel de
reemplazo, que es de 2,1.
Algunos
expertos advierten que este avance hacia sociedades mayoritariamente
envejecidas amenaza con provocar serias crisis en los próximos años. Si los
sistemas de pensiones, salud, cuidados y protección social no se transforman al
mismo ritmo, las vulnerabilidades que hoy parecen episodios aislados, como en
el caso de Maricarmen, podrían ser las historias cotidianas de millones de
personas.
Por ejemplo,
una investigación publicada en Economía y Administración,
encabezada por Karen Emilce Zapata y un equipo de expertos, proyecta para
Honduras que esta transición anticipa limitaciones financieras, una mayor
prevalencia de enfermedades crónicas y un entramado institucional insuficiente
para atender las necesidades poblacionales durante la vejez.
La pirámide
poblacional, invertida
En Chile, un
trabajo prospectivo del Centro de Estudios Públicos concluye que el
envejecimiento poblacional será una de las principales fuentes de presión
fiscal estructural. La CEPAL calcula que para 2050 las personas mayores de 80
constituirán el grupo mayoritario, que triplicará en los siguientes 30
años.
“América
Latina tiene un problema con el futuro: está envejeciendo rápidamente, pero no
necesariamente está acumulando los recursos suficientes para financiar esa
vejez”, apunta Funds Society en un informe. Y es que el desafío no consiste
solamente en calcular cuántas personas estarán en posibilidad de trabajar en
unas décadas. También obliga a revisar qué tipo de trabajo tendrán, cuánto
cotizarán y qué condiciones laborales los acogerán.
Como
resultado, más gente necesitará ingresos durante su retiro mientras en
proporción habrá menos trabajadores jóvenes capaces de financiarlos mediante
los mecanismos tradicionales de reparto. A ello se sumará una demanda creciente
de servicios sanitarios, cuidados de largo plazo y pensiones, las cuales
resultarán insuficientes. De hecho, según la CEPAL, en 2023 el 43% de las
personas en la región ya recibían pensiones incapaces de cubrir sus necesidades
básicas.
La presión
aumenta también a medida que lo hacen las tasas de longevidad. Y eso ya está
ocurriendo a nivel global. Por primera vez en su historia, este año Japón
registró más de 107 mil personas mayores de 100 años, según su Ministerio
de Salud. En 1963 eran apenas 153. En Latinoamérica, según el Banco Mundial, la
esperanza de vida pasó de 51,8 años en 1950 a 76,3 en 2025, un aumento de 25
años.
“El cuidado de
los enfermos y de las personas mayores no es todavía asunto de política pública
en la mayoría de nuestros países”, advierte la periodista colombiana Yolanda
Ruiz, que ha trabajado ese tema. Durante décadas, esa responsabilidad
permanecía en el ámbito de las familias y recaía principalmente sobre las mujeres.
“Hay un desnivel muy grande en la manera como nuestras sociedades enfrentan la
vejez, que es una etapa absolutamente rica en posibilidades”, afirma.
En un paper,
las académicas mexicanas María de Lourdes Velasco e Irene Casique describen a
los Estados latinoamericanos como herederos de una tradición que consideró el
cuidado de las personas mayores una función “natural” femenina y propia de los
hogares, ajena a la intervención pública. Sin embargo, ese modelo familista también
está entrando en crisis debido a que las mujeres han ampliado su participación
en el mercado laboral.
La
evolución de la familia
Pero este es
solo uno de los factores. En algunos países, como Chile, ya se puede ver la
tendencia hacia los hogares unifamiliares, que han pasado de ser 8,3% en 1992 a
21,8% en 2024, según el último censo poblacional. Además, una proporción
relevante de personas trabajará en la informalidad, cotizará a la seguridad
social intermitentemente o permanecerá fuera de los sistemas de salud.
Y hay más.
Fernando Rada Schultze, investigador especializado en vejez del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, se pregunta,
en el contexto económico actual de algunos países, “¿quién cuida a quién?”. Lo
cuestiona porque hay hogares multigeneracionales donde las personas mayores con
sus pensiones sostienen la economía familiar. “Si el ingreso fijo que tienen
los hogares es el de la persona mayor, yo empezaría a debatir un poquito quién
lleva la responsabilidad”.
Este cambio
demográfico plantea entre otros una pregunta cultural: ¿qué significa ser
adulto mayor? La realidad es que tradicionalmente ha sido un grupo discriminado
y considerado una carga para el resto de la sociedad, lo que no corresponde
exactamente con las nuevas generaciones de adultos mayores. “Hay que cambiar
esa imagen”, insiste Mónica Roque, presidenta de la Asociación Latinoamericana
de Gerontología Comunitaria. “Hay que combatir el viejismo y
esos estereotipos negativos”.
Ruiz, junto
con María Elvira Samper, conduce el podcast Las menopáusicas,
concebido, entre otras razones, para resignificar esa palabra, convertida en
insulto, y cuestionar la manera en que se representa esa etapa de la vida.
Ambas son adultas mayores y han encontrado en sus entrevistas mujeres que,
después de los 70 años, emprenden proyectos, se divorcian, vuelven a
enamorarse, cambian de vida o de oficio, en fin, siguen con una vida muy
productiva.
Así, hay que
ver el envejecimiento poblacional no solo desde la perspectiva de los derechos
humanos sino “de las valiosas contribuciones que las personas mayores le
hacemos al bien común, a la sociedad y a la economía”, afirma Roque. “Porque
ese capital humano que tenemos hace justamente que las sociedades puedan crecer
de una manera mucho más rica, teniendo en cuenta toda nuestra experiencia y
sabiduría”.
Desde hace más
de una década, organismos internacionales, algunos gobiernos y colectivos de la
sociedad civil buscan formas de hacer frente a ese escenario. Por ello, en 2015
la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó la Convención Interamericana
sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con el fin
de contribuir a su “plena inclusión, integración y participación en la
sociedad”.
Roque dice que
países como Uruguay, Chile, Brasil y Argentina trabajaron fuerte para lograr la
Convención. En el caso de este último, hubo un retroceso con la llegada de
Javier Milei a la presidencia. “Este gobierno actual discrimina a las personas
mayores. Y no solamente eso, las violenta”, acusa.
La indiferencia
de algunos estados
Ella conoce
bien la historia, ya que presidió de 2003 a 2015 la delegación argentina
ante la Organización de Naciones Unidas y la OEA para la defensa de los
derechos humanos de las personas mayores. En esos años, cuenta, se vivió “una
época de gloria de gobiernos progresistas, con Lula da Silva en Brasil, Rafael
Correa en Ecuador, Michelle Bachelet en Chile y José Mujica en Uruguay”.
A pesar de
que la Convención
obliga a los Estados a garantizar la dignidad, autonomía y atención integral de los
mayores, 21 países miembros no la han ratificado. Entre ellos se encuentra
Venezuela. Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal del Programa
Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), expresa en un
artículo que esta omisión agrava la incertidumbre de miles de personas que ya
se enfrentan a un sistema público de salud colapsado, y una economía familiar
insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria.
Por su parte,
Roque dice no tener mucha expectativa en que haya avances en países como
Nicaragua, El Salvador u Honduras, donde la pobreza general supera el 60%. Esos
gobiernos, asegura, “han dedicado muy poco a la temática de las personas
mayores y por eso nunca ratificaron la convención”.
El
cuidado como derecho
Algunos
países buscan soluciones para los cuidados. La Ciudad de México aprobó
este año una ley que busca desmercantilizarlos, desfamiliarizarlos y
desfeminizarlos, además de garantizar su acceso gratuito y universal. Según la
normatividad, el Estado asume responsabilidades, pero el modelo también
involucra a la sociedad y a la empresa privada.
Sin embargo,
para Human Rights Watch para que esa ley sea efectiva requiere superar el
factor económico. “Sin financiamiento adecuado, el sistema no puede pasar del
reconocimiento formal de derechos a garantizar apoyos reales en la vida
cotidiana de las personas”, apuntó Carlos Ríos Espinosa, director asociado de
derechos de las personas con discapacidad, en un boletín de la organización.
Roque insiste
en que también se deberían revisar las políticas laborales de los países, que
han precarizado la economía familiar. “Están preocupadísimos porque la tasa de
fecundidad es baja, porque no habrá nadie que trabaje y, por tanto, nadie que
aporte. ¿Y cuán preocupados están por los puestos de trabajo que está sacando
la IA? ¿Por qué no nos preocupamos más por eso?”, sostiene.
Rada Schultze
concluye que realmente estamos viendo que casi todos los países de la región
tienen cada vez menos nacimientos. “Para 2050, ya no van a crecer más las
poblaciones”. Y no comparte la mirada fatalista sobre ese futuro. “No veo
necesidad de alarmarse al respecto, aunque sí de tomar cartas en el asunto”.
El 1 de
octubre, en Paraguay, el Foro Internacional Cuidar con Dignidad es Envejecer
con Derechos, organizado con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud,
reivindicó a las personas mayores como sujetos con autonomía, capacidades
y contribuciones valiosas a sus familias, comunidades y sociedades. Allí se
planteó que el envejecimiento saludable debe ser construido desde los primeros
años de vida.
El gran
desafío para los países latinoamericanos es que la población, como subraya
Roque, llegue a la tercera edad “con la mayor salud posible”. Pero ello solo
será realista si los gobiernos implementan políticas efectivas que garanticen
mejor calidad en todas las etapas de la vida.
Por ello, la
gran pregunta es si los países serán capaces de construir hoy las condiciones
para, primero, entender que envejecer es solo una etapa de la existencia. Y,
luego, diseñar esquemas que eviten llegar ahí expuestos a la precariedad, la
dependencia o el abandono a gran escala.
Publicado el 7
de octubre de 2026
Periodista
mexicano. Miembro de la Mesa Editorial de CONNECTAS. Doctor en Lenguajes y
Manifestaciones Artísticas y Literarias, y Máster en Pensamiento Español e
Iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid. Maestro en Artes
Escénicas por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la
Comunicación por la UNAM
https://www.connectas.org/analisis/envejecimiento-america-latina-pensiones-cuidados/
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