INVESTIGACIÓN
· CAUCA, COLOMBIA
Esta investigación revela las violencias de género que sufren niñas y jóvenes dentro de las estructuras de grupos armados y muestra un patrón silencioso en el reclutamiento a sus filas ilegales: las niñas menores de 13 años son reclutadas en mayor proporción que los niños de esa edad en el Cauca, el departamento con las cifras más altas en Colombia.
Por Cuestión Pública con el apoyo de Agenda Propia para la alianza Infancias capturadas
Los
nombres de las adolescentes mencionadas en el texto — Paula, Tamara y
Lorena — no corresponden a sus identidades reales; fueron cambiados para
mantener su reserva por tratarse de menores de edad y por su seguridad y la de
sus familias.
Paula fue
captada por el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC) de las
FARC con solo doce años. Vivía en Miranda, municipio ubicado al norte del
Cauca, uno de los departamentos con más
presencia indígena y, a su vez, de grupos armados ilegales de Colombia. Era marzo de
2022.
«Ella se había
caracterizado por ser una niña de casa, de muy buen rendimiento académico. Y un
día, de la noche a la mañana, desapareció. Cuando su mamá se dio cuenta, ya
estaba dentro de una estructura armada», relató Diana Montilla, abogada que
llevó su caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo que
desconocía su familia es que Paula había ingresado a las filas de esa
disidencia enamorada de un joven que formaba parte del grupo. Varios de los
muchachos que estudiaban con ella en la escuela integraban esa estructura
armada, recuerda Montilla.
En el Cauca,
donde creció, los pueblos indígenas Nasa y Misak luchan casi a diario por
mantener la soberanía de sus territorios. Allí las estructuras armadas que
operan en diversas zonas del litoral pacífico intentan controlar las rutas del
narcotráfico y la explotación minera de oro.
Viajamos hasta
ese departamento, ubicado al suroccidente del país, para conocer de primera
mano este fenómeno y presenciar cómo la ausencia de las niñas a causa del reclutamiento
afectaba a las familias, a la escuela y a la población.
Lo que
encontramos al entrevistar a más de una decena de fuentes, incluyendo
lideresas, madres buscadoras, funcionarios y expertos, y contrastar la
información con cuatro bases de datos sobre reclutamiento del Ministerio de
Defensa, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, es que la guerra está
afectando de forma diferenciada a las niñas solo por el hecho de ser
precisamente eso: niñas.
Si bien existe
disparidad entre las cifras de las entidades, el hecho de que la guerra reclute
forzadamente cada vez más niñas en el Cauca es una realidad que se observa
en las tres bases
de datos que analizamos desde 2021 hasta 2025, año en que se registra una caída.
Este fenómeno
hallado en las estadísticas parece explicarse en que ellas cumplen múltiples
roles dentro de las estructuras armadas, lo cual implica que sus cuerpos no
solo sirven para la guerra.
Los datos
también muestran claramente tres factores que influyeron de manera decisiva
para que Paula, y las niñas y jóvenes reclutadas en ese departamento, fueran
víctimas de los grupos armados: género, edad y etnia, condiciones naturales que
ella no eligió, pero que los grupos armados sí utilizan a su favor.
Esto es lo
que, bajo un enfoque de género, se llama impacto
interseccional. Paula
terminó siendo víctima del racismo y la pobreza, lo que hace que muchas de
estas menores sean usadas y explotadas de manera diferenciada por los actores
armados legales e ilegales.
Grupos que, en
pleno periodo de campaña presidencial en el que viajamos al Cauca, carnetizaron
a los habitantes de municipios como Santander de Quilichao, donde nos esperaban
lideresas y madres buscadoras. Quien no tenía esta insignia no podía entrar, lo
que generó una barrera para ingresar al territorio. Había que pedir permiso a
estas estructuras y era riesgoso.
Mapa de actores armados en
el departamento del Cauca. Fuente: Observatorio de Derechos Humanos del Consejo
Regional Indígena del Cauca (CRIC), 2025.
Por seguridad
de las fuentes y los periodistas, el encuentro se trasladó a Cali, capital del
vecino departamento de Valle del Cauca. Sin embargo, la cita la cortó de tajo
un ataque con cilindro bomba en la vía Panamericana que comunica a ambas
regiones. Nuestro equipo quedó a una curva de distancia del lugar
impactado, que dejó 19
muertos y 30 heridos a manos de las disidencias de las FARC.
En una zona
donde la presencia del Estado es reducida, la reportería quedó limitada a
Popayán, la capital del Cauca, donde al fin esta alianza pudo conversar con la
abogada Sofía López, quien conoció a Paula y nos introdujo a su historia.
Gracias a su
relato, supimos que, una vez la niña entró a las filas de las disidencias, su
destino pasó a ser irreversible, pues le había hecho el quite a las garras de
la guerra dos veces: cuando se voló para ser atendida por una afección en el
hígado y, posteriormente, al llegar a un hogar sustituto del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), adonde fue llevada tras haber sido
recuperada.
Sin embargo,
no pudo eludir la muerte que la acechaba cuando se fugó de allí y regresó a las
disidencias por vez final y mortal. A Paula le fallaron el ICBF, las
autoridades y el Estado.
¿Quién sabe
cuánto llegaría a medir a sus dieciocho años? Por las fotos recabadas en
reportería, a sus doce no superaba el metro con cincuenta de altura. En una de
ellas, se le veía aparentemente cuidando un cultivo de coca. Vestía un
camuflado militar de manga larga con una sudadera negra. Sobre sus piernas
reposaba adormecido lo que parecía ser un fusil AK-47. Su rostro cansado
proyectaba media sonrisa terciada. Una imagen que contrastaba con las selfies
tomadas junto a su mamá, donde su mirada dulce, sus rasgos finos y su amplia
sonrisa parecían corroborar las descripciones de niña tierna de quienes la
conocieron antes de irse a la guerra.
Es que Paula
—así como 867 niñas reclutadas en 2022, según datos de la Fiscalía— fue víctima
de un flagelo que en Colombia, y en algunos países de la región, «tiene una
configuración machista y es visible en el reclutamiento de niñas y niños».
El impacto por
ser mujer en la guerra actúa diferente. «Con la promesa de las armas, motos y
bajo el rol del combatiente (se atrae) a los muchachos. A las niñas con la
promesa de enamoramiento y escape de la violencia doméstica», tal y como lo
señaló Elizabeth Dickinson, subdirectora del International Crisis Group,
durante el Seminario
Crimen Organizado y Violencia contra las Mujeres de la Corporación Humanas, celebrado el 6 de
diciembre de 2025 en Colombia.
Sobre Paula
recayeron todas las discriminaciones posibles: la de ser mujer, niña e
indígena, las tres que ella no eligió.
El
reclutamiento
La primera vez
que Paula se fugó de la guerrilla fue en agosto de 2023, año y medio después de
su reclutamiento. Así lo contó la abogada de derechos humanos Diana Montilla, a
quien la menor contactó por primera vez en una zona rural de Nariño. «Ella me
buscó porque estaba muy enferma. La traje al hospital en Pasto (Nariño) y
estuvimos ahí todo el día. Yo tuve la posibilidad de recuperarla sin saber que
ella era una niña reclutada».
Montilla
cuenta que la Policía llegó al lugar debido a un reporte por reclutamiento que
había hecho su mamá tras su desaparición. «Lo primero que hicieron fue decir
que yo era guerrillera». Esa misma noche se la llevaron bajo custodia, pero
Paula escapó y volvió a buscar a la abogada.
«La niña no
hablaba mucho. Lo único que me decía era “por favor, doctora, lléveme donde me
encontró porque si usted no me lleva, el viejo me mata”», relató Diana.
Convencida de
no dejarla de nuevo en manos de la Policía, la defensora preparó una mesa con
la gobernación y el ICBF para activar la ruta de recuperación de la menor. Por
motivos de seguridad, no podía permanecer en Nariño porque el grupo podría
buscarla, ni ser enviada al Cauca, pues su hermano, también menor de edad,
había sido reclutado cuatro meses atrás en ese departamento.
Así las cosas,
el 25 de agosto
de 2023, Paula fue
enviada a un hogar sustituto del ICBF en Armenia, Quindío, donde permaneció
cuatro meses hasta su nueva fuga.
Lo que
emerge de los datos
En los últimos
cinco años —de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la Nación—, los
grupos armados reclutaron 229 niñas menores de 13 años en el Cauca. En ese
mismo periodo solo se llevaron 86 niños. Es decir, por cada uno de ellos,
reclutaron casi tres de ellas.
Sin embargo,
al observar los datos, en el rango de 14 a 17 años, la proporción cambia. El
60 % de los jóvenes captados en el departamento resulta ser de varones.
De acuerdo con
esta entidad, en el periodo analizado (2021-2025) se llevaron en total 1301 niñas y adolescentes a la
guerra de las rutas por el narcotráfico y la minería ilegal frente a 1554
menores varones en ese departamento.
Se trata de
cifras que alarman, porque si bien es un fenómeno histórico que en Colombia
había disminuido tras la firma del acuerdo de Paz con las FARC en 2016, volvió
a crecer desde la pandemia: en 2020, dos años antes de que Paula fuera captada,
el reclutamiento de estas menores en las filas de grupos criminales dio un
salto a 118 casos frente a los 48 de 2017, año que le siguió a la
desmovilización de esa guerrilla.
De acuerdo con estadísticas públicas sobre reclutamiento de niñas y adolescentes de la Fiscalía, la tendencia fue en aumento hasta alcanzar su pico en 2024 con 368, hasta el año pasado que cayó a 76. Sin embargo, estas cifras distan de las entregadas por esta misma institución a esta alianza vía derecho de petición, ya que el pico de niñas captadas, según esta información, se registró en 2022 con 867 y cayó en efecto en 2025 con 96 casos reportados.
En Colombia no
hay una base estadística unificada para analizar el reclutamiento armado, con
lo cual hay disparidad en los tópicos y diferencias de años en los registros.
Por ejemplo,
entre 2021 y 2025 en Cauca, la Defensoría alertó sobre 900 menores de edad
reclutados, una cifra mucho menor a los 3262
informados por
la Fiscalía General. Pero al entrar al detalle, encontramos que en 2024, la
Defensoría documentó 165 niñas reclutadas, frente a 154 de la Fiscalía. Es
decir, pareciera que cada entidad maneja casos que la otra no.
Por las
estadísticas de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se puede inferir que el
fenómeno dio el salto entre 2022 y 2024, periodo en el que las entidades
reportaron 1149 y 297 casos de niñas reclutadas, respectivamente.
Un cambio que
observamos entre ambas bases de datos es que en la de la Defensoría, las cifras
muestran un aumento sostenido en el reclutamiento de niñas y jóvenes hasta casi
equiparar al de los varones: empezó con un 11 % en 2021 y a 2025 ya
representaban el 48.35 % de los reclutamientos.
En cambio, en
la Fiscalía parece reducirse: arrancó en el 41 % y descendió al 30 %,
es decir, casi una de cada tres menores reclutadas es mujer. Aun así, en el
mismo periodo, el número de víctimas de las que no se sabe su género
cuadruplicó su porcentaje (del 8.9 al 35 %).
En otras palabras, el fenómeno podría no estar cambiando, sino que la entidad estaría fallando en documentarlo.
Ahora, si
ampliamos el espectro a nivel nacional, en el último lustro encontramos que el
47 % de todo el grupo de niños, niñas y adolescentes captados eran
indígenas como Paula, según los datos de la Defensoría.
Esta cifra
difiere mucho de la reportada por la Fiscalía para el mismo periodo, que
documentó solo el 14 % como víctimas a menores de este grupo poblacional.
Para ambas
entidades aplica la dificultad del subregistro de casos. Una de las razones
aportadas por Leonardo González, director de Indepaz, es que «las familias no
denuncian por miedo o por el control que ejercen los grupos armados».
El aumento en
el reclutamiento de niñas encontrado en estas bases de datos se explica «porque
estos grupos han ampliado los roles que les asignan a las niñas. Aquí hay una
combinación con el machismo estructural que las hace más vulnerables. Esto no
significa que los niños hayan dejado de ser víctimas, sino que las niñas están
siendo incorporadas de manera creciente a esta estrategia de guerra y de
control territorial», añadió González.
Esta
investigación encontró que, en el marco del reclutamiento forzado, muchas de
las menores son comercializadas con fines de explotación sexual. De este modo,
en la práctica, este delito se cruza con el de trata de personas porque, en un
primer momento, las niñas son vendidas como mercancía que se distribuye entre
las distintas filas de los grupos armados, incluyendo a estructuras de crimen
organizado que operan en el Cauca y otros departamentos (fenómeno que se
contará más adelante).
Es justo en
esa intersección de comportamientos delictivos cuando los cuerpos y la
virginidad de las niñas y jóvenes reclutadas adquieren un valor comercial
dentro del mercado de la explotación sexual ilegal. Una especie de niña-soldado
con un plus dentro del comercio del reclutamiento.
La relación
entre una y otra no es nueva. Así lo señaló ONU Mujeres: «Las emergencias humanitarias en Colombia se
exacerban, y son exacerbadas, por una variedad de formas de violencia basadas
en género: violencia sexual, SVC, explotación sexual, a menudo relacionadas con
el reclutamiento de niños».
Además del
reclutamiento de Paula, conocimos el de Tamara. Una adolescente menor de 14
años que el pasado marzo fue reclutada y escapó del grupo armado precisamente
para evitar ser abusada sexualmente.
La menor fue
captada en Buenos Aires, Cauca, por un comandante guerrillero. De allí fue
trasladada al corregimiento de Betulia en el vecino municipio de Suárez, donde opera el frente Jaime Martínez del EMC. Así se lo
contó a esta alianza Emilse Jiménez, cofundadora de la Guardia Intercultural
Humanitaria, que rescata niñas reclutadas por grupos ilegales, y que coordinó
su recuperación.
Tamara logró
escapar, pero el grupo armado la recapturó y la llevó a la zona montañosa de
Suárez, donde intentaron violarla de nuevo. Tras 22 días de cautiverio,
mientras la trasladaban hacia El Naya, se dio a la fuga y se internó en el
monte hasta lograr ser recuperada. El Naya es una remota región selvática y
montañosa que conecta con el Valle del Cauca, donde el EMC tiene una «escuela del
crimen» para
entrenar menores de edad.
Su historia le
pone rostro a una de las estadísticas del Ministerio de Defensa. Cuando miramos
los datos de quienes se entregaron a las autoridades o escaparon de sus
captores por haber sufrido delitos sexuales, cuatro de cada cinco son mujeres
menores de edad. En el caso de los niños y jóvenes no se evidenció eso. La
información proviene de una base de datos
reservada de esta entidad con datos sobre personas recuperadas, movilizadas y sometidas a
partir de 1998 hasta 2024.
¿Por qué se
entregaron a las autoridades? Base de datos reservada del Ministerio de Defensa
(1998-2024), cifras ponderadas.
Parte de estas
vulnerabilidades fueron expuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP) en el caso 07, que investigó el reclutamiento, uso y utilización de
menores de edad en el conflicto armado entre 1996 y 2016.
El tribunal
encontró que las niñas y adolescentes se enfrentaron a formas específicas de
control y violencias de género dirigidas por su condición de mujeres. El patrón
más claro fue el de las violencias reproductivas y el control sobre sus
cuerpos, actos ejercidos mediante la imposición de métodos anticonceptivos y
abortos forzados y castigos si se negaban a ser abusadas por hombres que ocupaban altos rangos.
Paula se
fuga del ICBF
Al ser acogida
por el ICBF a finales de agosto de 2023, Paula fue recibida por una familia
voluntaria adscrita al programa de
restablecimiento de derechos para menores de edad reclutados en el marco del conflicto armado
de la entidad. Un lugar que no correspondía a su mismo grupo étnico, según
relató la defensora Diana Montilla.
La abogada
dijo que Paula fue estigmatizada y no recibió escolarización, motivo por el que
fue reubicada en otra familia. Así quedó
consignado en
la solicitud que hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
exponiendo el caso de la menor. En diciembre de ese año, según la defensora,
Paula desapareció sin dejar rastro del segundo hogar sustituto al que la habían
trasladado, luego de que en el primero la acusaran de robarse un labial.
«La madre
sustituta ni siquiera se preocupó por informarnos que había desaparecido. No a
mí, pero tenía que contárselo a su mamá. Se lo informaron casi cinco días
después», contó Montilla.
Cuestión
Pública consultó al ICBF sobre estos hechos, pero no obtuvo respuesta.
Fuentes
consultadas en terreno, como Montilla, la lideresa Emilse Jiménez y
funcionarios de la Defensoría, coincidieron en que las niñas y jóvenes son
usadas en al menos cuatro roles dentro de las filas de estos grupos:
Combatientes
(niñas-soldado).
Responsables de labores domésticas o de cuidado.
Reclutadoras de otras y otros menores de edad.
Esclavas sexuales.
Para
Dickinson, subdirectora del Crisis Group, organización experta en conflicto
armado colombiano, tanto los niños como las niñas cumplen funciones de
combatientes. Esto se debe a que en los frentes usan a los menores de edad como
«carne de cañón», práctica usada para evitar operativos militares o
confrontaciones directas con el Ejército, debido a que el Derecho
Internacional Humanitario prohíbe efectuar ataques a grupos armados cuando hay presencia de
menores de edad.
Por otro lado,
las niñas desempeñan además roles en labores domésticas. Algunas van desde
cocinar, limpiar, llevar a cabo acciones de cuidado y mantenimiento de los
campamentos.
La servidumbre
no es una práctica novedosa dentro de los grupos armados. Las extintas FARC
confinaban a las menores a este tipo de actividades como castigo cuando se
negaban a tener relaciones sexuales con los comandantes. Se trataba de un
mecanismo para doblegar la voluntad de las niñas y jóvenes.
Así está consignado en el auto 05 de la Justicia Especial para la
Paz, que expone las violencias de género sufridas exclusivamente por niñas y
adolescentes reclutadas por la entonces guerrilla entre 1996 y 2016.
«Si la
muchacha no quería estar con un comandante, la sancionaban, la cogían al trote
[…] fulanita vaya haga huecos de basura; fulanita, para la rancha (cocina);
fulanita, haga chontos (huecos en la tierra que sirven como letrinas);
fulanita, para la guardia, porque ellos se desquitaban así. Hasta que a lo último
la aburrían y la muchacha accedía».
Víctima
identificada, caso 07 JEP.
JEP caso 07: Reclutamiento, uso y utilización de menores de edad en el
conflicto armado en Colombia — Auto n.º 05 de 2024.
La JEP es el tribunal encargado de investigar, juzgar y sancionar los delitos
más graves cometidos durante el conflicto armado, creado tras la firma del
Acuerdo de Paz con las FARC en 2016.
Otro de los
roles que las niñas y adolescentes cumplen dentro de las estructuras es el de
reclutadoras. Son utilizadas como «señuelos» para convencer a otros menores de
edad. Expertos de Save the Children explicaron que las hacen «enamorar» a los
jóvenes para persuadirlos de entrar al grupo.
Por su parte,
Leonardo González, de Indepaz, agregó que en la red social TikTok sexualizan
sus imágenes, mostrándolas en uniforme o en entornos de fiesta y lujo, para
atraer a otros jóvenes con la promesa de dinero y poder.
En el
informe RED-clutamiento
2.0, la JEP
reveló que los reclutadores digitales también reproducen estereotipos de
género: «En el caso de las mujeres, el contenido se centra en la expresión de
la feminidad a través de la exaltación de la belleza física, la demostración del
cuerpo; para los hombres, predominan las muestras de fuerza, capacidad
económica, armamento».
Pero detrás de
esa «estrategia de enamoramiento» hay coerción. Elizabeth Dickinson explicó
que, dentro de estas estructuras, a las niñas se les impone una cuota de amigas
que deben traer al grupo, como forma de cumplir órdenes y minimizar los abusos
que sufren.
El esquema
funciona como una pirámide: en algunos casos, la única salida que les ofrecen
es reemplazarse a sí mismas convenciendo a tres amigos de ocupar su lugar, como
nos contó Dickinson.
De acuerdo con
los investigadores de reclutamiento forzado consultados, las menores también
llegan a ser empleadas en labores de inteligencia, para conseguir información
en determinadas zonas o para llevar a cabo funciones logísticas para la
organización.
Por su parte,
la abogada Diana Montilla hizo énfasis en que «independientemente de las
condiciones en las que los niños, niñas y adolescentes acudan a estas
estructuras, sigue siendo un reclutamiento forzado porque los grupos ilegales
están actuando contra la voluntad y la incapacidad que tiene un menor de edad
de tomar esas decisiones».
#ElExplotadorEresTú
Sin embargo,
expertos consultados han coincidido en que ellas pasan más fácilmente
desapercibidas en entornos escolares, que se han convertido en centros
estratégicos de captación de los grupos armados.
Sofía López,
abogada que trabaja con lideresas y madres buscadoras, aseguró que han
identificado que mujeres y jóvenes —ya adscritas a la nómina del grupo armado—
les pagan salarios a otros menores de edad de entre nueve y doce años para que
operen como informantes dentro de las instituciones donde estudian. Y en el
caso de las niñas, como reclutadoras de otros menores. Los salarios ascenderían
hasta 600 000 pesos (187 USD).
También
conocimos el caso de Lorena, una menor de dieciocho años en un municipio de
Jamundí, Valle del Cauca. Tras haber sido reclutada previamente en otra zona
rural del departamento y haber militado un tiempo en un grupo armado, se le
asignó la misión de infiltrarse como estudiante en un colegio de la vereda,
cuyo nombre se reserva por seguridad, para reclutar a sus propios compañeros,
que tenían entre 11 y 14 años.
«A un adulto
es más fácil identificarlo; tú dices: aquí hay un adulto, qué raro, entonces
nos volcamos a cuidar al niño o a denunciar. Pero con otros niños solo dices:
“Se porta mal” y no te fijas en todo este trabajo que está haciendo este niño
(para reclutar a otros)», explicó una psicóloga que trabaja en instituciones
educativas comunitarias del Cauca, cuyo nombre omitimos por seguridad.
Dos meses
antes de escaparse del hogar sustituto del ICBF, en octubre de 2023, Paula le
escribió una última carta a su mamá: «Yo y Ronald (hermano) somos una desgracia
para la familia. Recuerda que para estudiar no pagan y por eso tomamos esa
decisión de irnos para donde usted sabe […]. Nunca se olvide de mí».
La carta que Paula le escribió a su mamá el 16 de octubre de 2023,
semanas antes de fugarse por última vez.
La involución
del contexto colombiano en consonancia con las estadísticas
El Crisis
Group, que estudia el conflicto armado en Colombia, explicó que, tras la firma del Acuerdo de Paz con las
FARC en 2016, se redujo el número de niños combatientes a su nivel más bajo en
una década (poco más de 100); sin embargo, para 2024, hubo un repunte con más
de 620 casos.
Esta
transformación se aceleró con la pandemia de COVID-19, ya que, según se explica
en el informe, con la desmovilización de las FARC, las disidencias reemplazaron
la ideología política por las «economías de guerra».
Disidencias
que se fragmentaron y se han fortalecido. El Ministerio de Defensa reconoció
cuatro estructuras principales de las disidencias en el territorio: el Estado
Mayor Central (EMC), que se llevó a Paula; el Estado Mayor de Bloques y Frente
(EMBF); la Segunda Marquetalia; y la Coordinadora Nacional Ejército
Bolivariano. A 2025
contaban con un
pie de fuerza de 5290 personas.
En este
escenario, las niñas pasaron a ser un eslabón lucrativo y estratégico en la
reconfiguración del conflicto. «El grupo armado no solamente está combatiendo,
también tiene otro tipo de economías ilegales en las que las mujeres son
funcionales […], por ejemplo, la trata de personas», afirmó González.
Es así como la
idea de explotarlas se juntó con la pobreza de la región.
En el
reclutamiento «cada niña tiene un precio»
El machismo y
las violencias patriarcales, aplicadas como fórmula de guerra por las extintas FARC y heredadas a
las disidencias, convierten a las menores de edad en una población
especialmente vulnerable: al ser reclutadas, ingresan a un circuito de explotación
en el que se convierten en víctimas de esclavitud sexual.
De hecho, «las
estructuras en el Pacífico están vendiendo sus niños y niñas a las demás
estructuras del Estado Mayor Central que no tienen la misma capacidad de
reclutamiento», nos explicó Dickinson.
Esto podría
explicar por qué Paula, que fue reclutada en Miranda, Cauca, terminó como
combatiente en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador.
Los
funcionarios de la Defensoría del Pueblo también lo corroboraron: «Cada niño
tiene un valor. Si usted lo recluta y lo tiene en zona, tiene un precio. Si
usted lo recluta y lo trae a Popayán, tiene otro precio», señaló una de las
fuentes entrevistada.
Los valores
están tasados: «Estamos hablando de un millón a cinco millones de pesos (300 a
1500 USD), de acuerdo con una información que nos dieron que no hemos podido
confirmar. Pero hay niños que cuestan eso más o menos, dependiendo de si es
indígena, afro o campesino».
Y es por esa
vía del «negocio» que la explotación sexual de niñas y la trata de personas
aparecen latentes como dos flagelos cruzados con el reclutamiento forzado de
menores de edad en Colombia por parte de grupos criminales.
Así también lo
reconoció en 2021 el informe La violencia contra las mujeres y
niñas en contextos de crimen organizado, realizado por Spotlight y el PNUD, que
señaló que muchos casos de «trata de seres humanos para la explotación sexual»
forman parte de los «nuevos
escenarios» vinculados
al crimen organizado.
«Las
vírgenes tienen un valor especial»
El precio de
las menores también varía si se trata de niñas vírgenes, que pasan a ser
propiedad de los comandantes, por quienes piden un precio especial o venden sus
servicios «al mejor
postor», según señaló
un líder indígena del Catatumbo a Dickinson mientras investigaba el
reclutamiento en esa región.
Esto lo
confirmó Sofía López, directora de la Corporación Justicia y Dignidad, quien ha
trabajado en la recuperación de menores de edad del reclutamiento forzado.
Explicó que los grupos armados hallaron «otro negocio más allá de la guerra» al
trasladar a las niñas mediante redes de trata de personas hacia zonas de
bonanza económica, como regiones cocaleras y petroleras, para forzarlas a
ejercer la prostitución.
Tanto Eduin
Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, como el concejal de Popayán
Jhon Ortiz, señalaron que se ha identificado toda una «cadena económica
perversa» de comercialización en la que diferentes actores (quienes captan a
los menores, los hoteles a los que los trasladan y las empresas de transporte
utilizadas para estos fines) ganan porcentajes de dinero por cada menor
reclutada.
Fuentes
institucionales y en terreno nos señalaron que, en la práctica, en contextos de
conflicto armado como en Colombia, el reclutamiento se cruza con el delito de
trata de personas, cuya finalidad
principal en
Colombia es la explotación sexual.
De hecho, un
informe de 2024 de la Embajada de
Estados Unidos en
Colombia subrayó que el año anterior, funcionarios de alto nivel del Gobierno
colombiano reconocieron por primera vez que el reclutamiento forzado por parte
de grupos armados ilegales era una forma de trata de personas.
Sin embargo,
consultada por esta alianza, la Fiscalía General explicó que la trata de
personas no aplica en el delito de reclutamiento ilícito, sino que son
tipologías distintas, y que si bien han identificado violencias de género y
sexuales dentro del reclutamiento, estos son investigados como delitos conexos
a menos que se acrediten ambas conductas de manera simultánea. En ese caso lo
lleva un solo fiscal.
Aunque en el
papel el ente acusador no los investigue de manera conjunta, no significa que
no sean fenómenos cruzados, como se expone en esta investigación. Lisa Cristina
Gómez Camargo, defensora delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de
género de la Defensoría del Pueblo, así lo confirmó.
«Este cruce de
factores lo que nos muestra es que las niñas y adolescentes efectivamente están
enfrentando múltiples formas de victimización asociadas a violencias de género
que están ocurriendo en el contexto del control territorial y de estas
economías ilícitas». Sin embargo, señaló que, si bien se trata de dos delitos
distintos, ambos pueden concurrir en un mismo proceso investigativo.
De hecho,
explicó que en la Ley 2608 del 27 de julio de 2026, que actualiza el delito de trata de personas, se incluyeron nuevas modalidades como el
reclutamiento forzado de mayores de edad, porque el de menores ya está
tipificado como reclutamiento ilícito.
Cuanto
más niñas, más apetecidas
La base de
datos que pudimos recabar con acceso exclusivo pertenece al Ministerio de
Defensa. No está abierta al público y, por tanto, se usó para analizar algunos
detalles que sirven para ampliar otros factores de la investigación.
Allí emerge un
patrón invisibilizado que corroboran las estadísticas de la Fiscalía General,
al menos en el Cauca: los grupos armados en Colombia han preferido reclutar a
las mujeres cuando aún son menores de edad y a los hombres después de los
dieciocho años.
¿Por qué se
pudo ver este patrón en esta base de datos y no en las anteriores? Porque es la
más completa a la que pudimos acceder (1998-2024).
RECLUTAMIENTO
INFANTIL. de
Cuestión Pública
Esta última
estadística termina por darle fuerza a la preferencia de edad para la
explotación sexual infantil en el marco del reclutamiento forzado.
El tema de la
edad es un rasgo característico en la explotación sexual infantil. Aunque es
otro contexto, así se vio en El explotador
eres tú, una
investigación realizada por Cuestión Pública, en la que estableció —con base en
2813 denuncias de explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en los
últimos 14 años en el departamento de Antioquia— que los presuntos explotadores
sexuales denunciados buscaban niñas de catorce a diecisiete años en el
45,7 % de los casos, justo el rango de edad de Paula.
Lee: El
explotador eres tú
El drama de la
explotación sexual de la niñez en Antioquia
Recuperar
el cuerpo de Paula
Dos años
después de haber sido reclutada, el 8 de marzo de 2024, precisamente en la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, su mamá recibió una llamada
anónima en la que le avisaban que la adolescente indígena había muerto en
Nariño, un departamento contiguo.
Según le
informaron, falleció mientras lideraba una escuadra guerrillera del EMC que
combatía al ELN, la última guerrilla activa de Colombia, que se unió a los diálogos
de paz del
gobierno de Gustavo Petro en 2022 y se retiró unilateralmente de la mesa dos
años después.
La foto de su
cuerpo acribillado y arrojado sobre una carretera destapada fue anexada como
parte de su expediente. En la imagen se observaba a una niña con una altura,
color de piel y cabello similares, pero con la mitad del rostro destruido por
lo que parecía ser el impacto de un explosivo, lo que dificultó su
reconocimiento.
Según la
abogada Montilla, sus restos aparecieron en una vereda conocida como San José
del Bijao, cerca de Santa Rosa, Cumbitara, en Nariño, departamento contiguo al
Cauca. Debido a los enfrentamientos entre grupos armados, su cuerpo no se pudo
recuperar de inmediato.
El 6 de abril
de 2024, en Cali, Medicina Legal le tomó una muestra de ADN a su mamá, ya que
no pudieron identificar a Paula por las huellas dactilares. Así se confirmó la
irreversibilidad del destino de su hija.
Ni la
Gobernación de Nariño, ni las autoridades del Cauca, ni el ICBF, ni la Defensoría
del Pueblo acompañaron a la madre de Paula en la recuperación de sus restos. Lo
hizo la abogada Diana Montilla, quien solicitó a la CIDH una medida cautelar
para salvaguardar su integridad y la de la familia de Paula, quienes eran
amenazados por grupos armados.
El 23 de mayo
de 2024, la CIDH ordenó al Estado de Colombia proteger su vida cuando ya no
tenía sentido, porque estaba muerta.
En Colombia,
los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. En esta vía, en
julio de 2026, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2590, que endurece las penas por reclutamiento con hasta
50 años de cárcel y adopta un protocolo para la prevención del reclutamiento en
línea. Sin embargo, la impunidad alrededor de este delito es rampante.
La Fiscalía
General contestó, vía derecho de petición, que entre 2021 y 2026 solo
realizó 219 capturas por este delito, y únicamente 16 personas fueron condenadas.
Eso significa
que, por cada 14 capturados por reclutamiento ilícito, solo 1 recibió condena
ejecutoriada. El 93 % de las detenciones no terminó en una sentencia. La
entidad le respondió a esta alianza que «la investigación de este fenómeno
enfrenta desafíos particulares asociados a la actuación de grupos armados
organizados y otras estructuras criminales en territorios afectados por el
conflicto armado interno, así como las dificultades de acceso a fuentes de
información y a los riesgos que afrontan víctimas, testigos y comunidades en
contextos de control territorial».
La Fiscalía
General explicó que «con el propósito de fortalecer la respuesta
institucional», creó el Grupo de Trabajo para la Investigación del Delito de
Reclutamiento Ilícito y Delitos Conexos, que aplica estrategias de asociación
de delitos como la trata de personas y análisis criminal para consolidar líneas
de investigación e identificar a los responsables del delito.
«Te amo» fue
la última frase con la que Paula cerró la carta que le envió a su mamá antes de
fugarse a la guerrilla por última vez. Su destino estaba trazado. «No se
preocupe por mí, que yo voy a estar bien», fue la última ilusión que le
escribió.
Esta alianza
consultó al ICBF para conocer su versión sobre lo ocurrido con Paula. De
llegar, la adjuntaremos. Conoce las respuestas completas que las instituciones
colombianas enviaron a esta alianza frente a los fallos y desafíos en la
investigación de este fenómeno en Colombia.
Fiscalía
General
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
Sin respuesta
al cierre de esta publicación — se adjuntará si llega.
Los
nombres de las adolescentes mencionadas en el texto no corresponden a sus
identidades reales; fueron cambiados para mantener su reserva por tratarse de
menores de edad y por su seguridad y la de sus familias.
https://www.connectas.org/especiales/infancias-capturadas/la-guerra-las-prefiere-ninas.html
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