No es casual que en América Latina el concepto de «derecho a la ciudad» haya sido tomado como bandera de lucha por vivienda y hábitat. Se trata del derecho a habitar la ciudad. El acceso a la ciudad limita o habilita el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos.
América Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta, en un contexto de sostenido e irrefrenable crecimiento global de la población que vive en ciudades. Actualmente solo 1 de cada 10 latinoamericanos vive en áreas rurales, mientras que más del 80% restante se concentra en ciudades, especialmente en grandes conglomerados. La región cuenta con cuatro áreas metropolitanas de más de diez millones de habitantes (Ciudad de México, San Pablo, Río de Janeiro y Buenos Aires), a las que se sumarán Lima y Bogotá en pocos años. A esta dimensión cuantitativa hay que sumar, como plantea Neil Brenner, que «las geografías de la urbanización están adquiriendo morfologías nuevas y de mayor envergadura, que hacen estallar la antigua división entre lo urbano y lo rural».
El acceso a la ciudad se constituye, entonces, en un factor fundamental para la enorme mayoría de la población latinoamericana. La localización en el espacio urbano habilita o restringe la disponibilidad de bienes y servicios necesarios para la supervivencia y el desarrollo de la población; define la estructura de oportunidades de uso y goce de equipamientos de salud, educación, trabajo y recreación, por ejemplo. En definitiva, el acceso a la ciudad condiciona el ejercicio de los derechos de sus ciudadanos.
En las grandes ciudades de la región la desigualdad social tiene su expresión espacial en el déficit habitacional. En consecuencia, gran parte de su población resuelve su necesidad de vivienda a través de la producción social del hábitat. Los asentamientos informales (villas, favelas, pueblos jóvenes…) son la expresión más evidente de esa barrera que el mercado establece para que los sectores más vulnerables accedan a una solución habitacional. Y esos barrios también son una muestra de autogestión social, que aunque está lejos de algunos horizontes utópicos, sí implica una experiencia de gran potencial. Sus habitantes no solo autoconstruyeron sus viviendas, sino esas porciones de ciudad, incluyendo sus equipamientos colectivos e infraestructuras.
No es casual que en América Latina el concepto de «derecho a la Ciudad» haya sido tomado por parte de organizaciones comunitarias y territoriales como bandera de su lucha por vivienda y hábitat. Este derecho implica, por una parte, el derecho a habitar la ciudad: a usar y disfrutar completamente de la vida urbana, con todos sus servicios y ventajas. Pero también hace referencia al derecho colectivo de sus ciudadanos a participar en la gestión urbana, a definir cómo debe ser la ciudad y a transformarla. Esta doble dimensión está presente en las disputas en y por las ciudades latinoamericanas. En sus manifestaciones callejeras y en los conflictos por el acceso al suelo que diferentes colectivos y organizaciones protagonizan.
Por iniciativa firme de organizaciones de la región, el derecho a la ciudad es referido explícitamente en la Nueva Agenda Urbana, resultante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), que se desarrolló en Quito en 2016. Este compromiso entre los Estados da cuenta de la crisis urbana del mundo, y de la región, al tiempo que establece una serie de lineamientos que apuntan a revertirla. En el caso de América Latina (en gran medida como réplica fenómenos globales), la segregación que se observa en sus ciudades tiene su base en la creciente mercantilización del acceso a la vivienda, estrechamente vinculada a la especulación inmobiliaria. Incluso en los países que en los últimos años vivieron procesos «progresistas» de implementación de políticas redistributivas y cierta heterodoxia económica, en materia de vivienda se replicaron viejas fórmulas: promoción del mercado de la construcción y condiciones favorables para el desarrollo inmobiliario con fines de resguardo de dinero, en detrimento de su uso. Programas de construcción masiva de vivienda en Brasil, Argentina o México son buenos ejemplos de políticas más orientadas a la reactivación económica que a habilitar el acceso a viviendas, con malos resultados en términos de «producción de ciudad». Asimismo, en los últimos años las políticas urbanas rara vez se apartaron del modelo de ciudad neoliberal (con algunas excepciones en Colombia y Brasil). Las administraciones locales suelen destacar el crecimiento de los precios inmobiliarios como éxito de sus políticas, obviando que esto excluye a crecientes porciones de sus habitantes del acceso a la vivienda.
Las consecuencias de estas tendencias se evidencian en ciudades como Buenos Aires, en las que las únicas porciones de población que registran un crecimiento marcado son quienes alquilan y quienes viven en villas (asentamientos informales). Así, la inquilinización y la informalización son consecuencia de un mercado restrictivo y altamente desregulado: en el contexto de devaluación monetaria los inmuebles sostuvieron un aumento del 150% en dólares entre 2005 y 2015.
En contextos urbanos como los descriptos se vuelven compleja la lectura de los resultados de intervenciones orientadas al hábitat popular, como las políticas de mejoramiento barrial que se vienen desarrollando en ciudades brasileñas y colombianas, a las que se está sumando Buenos Aires desde hace casi dos años, paradójicamente por iniciativa de un gobierno de centroderecha. Incluso cuando se avanza en saldar la vieja deuda de integración de los barrios informales, la trama urbana de conjunto puede resultar todavía más excluyente. Esas intervenciones, si bien consolidan a la actual población informal, suelen habilitar el crecimiento exponencial del precio del suelo de las áreas de la ciudad afectadas. De no mediar políticas estructurales, esos aumentos también impulsan a mediano plazo el desplazamiento por efectos de mercado de los barrios populares a los que se está destinando una enorme inversión pública. Este es el riesgo que ya ven los habitantes de las villas 31 y Rodrigo Bueno, en Buenos. Sobre ambos asentamientos pesó la amenaza de desalojo hasta hace pocos años y hoy su integración urbana es una marca de la gestión local de Propuesta Republicana (Pro), el mismo partido que cuando el hoy presidente Mauricio Macri era jefe de Gobierno de Buenos Aires proponía el desplazamiento de esas poblaciones (mediante la erradicación de las villas). Hoy, pese al giro significativo en el enfoque hacia la «urbanización» de esos barrios con la participación de la población, no se asegura que el mercado no se ocupe de la tarea de darle a esas áreas nuevos usos para sectores de mayores ingresos.
Este panorama sombrío, sin embargo, puede ser revertido. Durante la Conferencia Hábitat 3, además del diagnóstico desalentador, se dieron a conocer múltiples experiencias que señalan bases para la construcción colectiva de ciudades en las que la innovación, resiliencia y sostenibilidad de los eslóganes del evento se hacen efectivas. Por una parte, gobiernos locales de varias ciudades de la región, especialmente intermedias, vienen ensayando herramientas de gestión de suelo y promoción autogestiva de la vivienda que apuntan a incorporar la «inteligencia colectiva» –además del uso de nuevas tecnologías e innovaciones– para afrontar riesgos ambientales, pero también para compensar los efectos igualmente devastadores del mercado inmobiliario.
Son conocidos los casos de cambios drásticos en la calidad de vida urbana en ciudades como Curitiba y Medellín –con el emplazamiento de equipamientos colectivos (servicios urbanos, edificios públicos, sedes comunitarias y sociales) con altos estándares de diseño en asentamientos informales, en el último caso–. Asimismo en muchas ciudades latinoamericanas se aplican herramientas innovadoras de gestión de suelo, impulsadas por organizaciones y sectores populares. Por solo mencionar algunas, en Brasil y Colombia, la declaración de áreas de interés social busca preservar parte del suelo urbano para hogares de menores recursos; el recupero de plusvalías urbanas en municipios de diferentes países de la región permiten reinvertir parte de la renta inmobiliaria que es producto de políticas públicas. En Uruguay, desde hace décadas, el movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua es referencia para organizaciones que replicaron la experiencia en al menos otros diez países latinoamericanos.
Por otra parte, los estados de la región se comprometieron, a través de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» (Objetivo 11). El inicio de ese objetivo debería partir por el reconocimiento de los sectores populares urbanos latinoamericanos, que, además de aportar su fuerza de trabajo a la dinámica de las metrópolis de la región, son verdaderos productores de espacio urbano.
Nueva Sociedad, Septiembre 2017
Foto: Villa Lugano, Pablo Vitale, 2014
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