La comunidad internacional clama que los pueblos originarios son los mejores defensores del medioambiente, pero los Gobiernos y empresas son los que menos respetan sus derechos
"Por desgracia, no puedo. No puedo nombrar ningún país que
esté proporcionando una protección real a los pueblos indígenas". Esta no
se trata de una opinión cualquiera. Viene de labios de Victoria Tauli-Corpuz,
la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Adelanta sus impresiones durante una entrevista en el Foro de Bosques de Oslo,
celebrado el pasado junio. Ahora las ha puesto por escrito y difundido en las
páginas de su informe anual sobre la situación de estos pueblos. Bajo el título Deberían
haberlo sabido antes, la relatora
denuncia que los Gobiernos y las empresas de todo el mundo están haciendo cada
vez más difícil, y letal, que las comunidades indígenas protejan las tierras y
los bosques. Estas poseen consuetudinariamente más del 50% del territorio
mundial, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos en el 10%, algo que da vía libre a los Gobiernos para declararlos
ilegales en las tierras que han sido sus hogares durante generaciones.
Tauli-Corpuz
difunde en su informe los datos de la organización Front Line Defenders, que
sostiene que de los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en
2017, el 67% eran indígenas que protegían sus terrenos o sus derechos, casi
siempre frente a proyectos del sector privado. De estos, el 80% ocurrieron en
cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas, aunque también se resalta
la situación de Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Perú. La ONG
británica Global Witness, por su parte, contabilizó al menos 207
asesinatos en su informe de 2017,
presentado el pasado julio y que la relatora también menciona.
"Reconocer
la importancia de proteger a los defensores de las tierras y del medioambiente
es un tema que ha salido a menudo en el Foro. Pero en las sesiones a las que he
asistido no he oído nada sobre la violencia y la intimidación que sufren
rutinariamente estos grupos por empresas que quieren explotar sus
territorios", señala Patrick Alley, cofundador de Global Witness, durante
el encuentro en Oslo. Alley habla así durante una de las sesiones paralelas del
Foro que él mismo modera. Bajo el título Abordar
las causas de los ataques a los defensores del medioambiente y los indígenas, el
investigador presenta a cuatro personas que han sufrido en sus propias carnes
la pérdida de un ser querido de manera violenta por su militancia.
Entre
ellas, Claudelice Da Silva, del estado brasileño de Pará, que es el lugar del
mundo donde más crímenes de este tipo se cometen. "Siempre defendí los
bosques, pero me volví más activista a raíz de que mi hermano fuera asesinado
junto con su compañera. Los mataron como un recado para que quienes continuaran
con la lucha supiesen que tendrían el mismo destino", clama Da Silva ante
el auditorio. Se refiere a José Claudio Ribeiro da Silva y
su mujer, Maria do Espírito Santo,
ejecutados en 2011 de varios disparos de escopeta.
También
se pronuncia Julio César López, coordinador de la Organización de Pueblos
Indígenas de la Amazonía colombiana. El líder comunitario explica que la
disidencia de la FARC está allí presente y con intención de seguir operando en
esos territorios, pero también existen otros actores armados que resguardan los
intereses de narcotraficantes. Y los pueblos originarios están en medio de esta
lucha, lo que les provoca "temor" e "incertidumbre".
De los 312 defensores de derechos humanos que fueron asesinados en
2017, el 67% eran indígenas
Para
Tauli-Corpuz, el problema radica en que todo el desarrollo al que el mundo se
ha adaptado es un modelo que continuamente extrae recursos, muchos de los
cuales se encuentran sobre todo en tierras indígenas. "Da lo mismo que
hablemos de oro, litio, cobalto o madera: si hay existencias, allí que van a
por ellas. Los agricultores extensivos quieren expandir sus cultivos y van y
cogen las que quieran aunque pertenezcan a los indígenas. Esa es la foto que
tenemos en el mundo de hoy", reconoce a este periódico. "Se
privilegia a las empresas por los intereses económicos y comerciales que hay
detrás", denuncia, en relación con la expansión de proyectos de desarrollo
de infraestructuras, agricultura y minería en tierras indígenas sin el
consentimiento previo de los legítimos dueños.
Esta
situación ha impulsado el drástico aumento de la violencia y del acoso legal
contra los pueblos indígenas por parte del sector privado, que actúa en
complicidad con los Gobiernos. Acoso por parte de quienes primero deberían
protegerlos, indica la relatora en su informe, en el que incluye docenas de
ejemplos (nueve en países de América Latina, cuatro en África y siete en Asia)
de ataques físicos o legales perpetrados en rincones de todo el mundo. Se trata
tan solo de una selección, asevera, porque a sus oídos llegan
"cientos".
"Las
empresas y los políticos corruptos a menudo se confabulan para otorgar
concesiones y contratos. Esta corrupción asegura que las comunidades no puedan
exigir responsabilidades a sus abusadores, ni que puedan acceder a los canales
legales y democráticos que deberían abrirse a lo contrario. Los perpetradores
de la violencia a menudo son la policía y el ejército", opina Alley. El
investigador también recuerda que los asesinatos solo son la punta del iceberg:
"los defensores del medioambiente se enfrentan a violencia física extrema,
intimidación, criminalización… Y las mujeres están particularmente afectadas
por la expansión de la violencia sexual".
El modus operandi
Estos
asesinatos casi siempre ocurren en el contexto de continuas amenazas contra
comunidades enteras. Primero, con campañas de difamación y discursos de odio
que presentan a los pueblos indígenas como "obstáculos para el
desarrollo", o en el peor de los casos, como “terroristas” o “matones”,
subraya el informe de la relatora. Luego vienen órdenes de arresto por cargos
inventados, que a veces se dejan deliberadamente pendientes para que las
comunidades vivan bajo una amenaza perpetua. Cuando los líderes indígenas son
detenidos, a menudo permanecen en la cárcel durante años en espera del juicio.
En los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los
"estados de emergencia" se utilizan para justificar una creciente
violencia física.
Victoria
Tauli-Corpuz ha vivido en primera persona la persecución. Mujer y líder
indígena del pueblo filipino kankanaey igorot, el pasado marzo el presidente
Duterte pidió incluirla en una lista de 600 terroristas perseguidos por las
autoridades del país en represalia por defender a los pueblos de la isla de
Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente
militarización de una zona convulsa a causa de conflictos con la milicia
islámica que opera en el territorio. El pasado agosto, su nombre fue borrado de
tal lista.
¿UN
PRIMER PASO HACIA LA PROTECCIÓN REAL DE LOS INDÍGENAS?
PABLO LINDE
La
víspera del comienzo de la Cumbre de Acción por el Clima, celebrada desde el pasado 13 de septiembre en San
Francisco, 34 gobernadores de los cinco continentes firmaron un acuerdo con las
comunidades tradicionales que habitan las selvas para luchar contra la
deforestación y nueve fundaciones anunciaron que aportarán 459 millones de
dólares (unos 395 millones de euros) para conseguirlo.
Este
anuncio se hizo prácticamente al mismo tiempo que se acordaban los Principios rectores para la alianza entre gobiernos subnacionales,
pueblos indígenas y comunidades locales.
Uno de los objetivos de la cumbre de San Francisco ha sido involucrar a los
gobiernos regionales con las acciones contra el cambio climático. Este es
justamente la base del acuerdo que 34 gobernadores (equivalentes a presidentes
de comunidades autónomas en España) de cinco continentes han comprometido con
las comunidades indígenas que viven en sus territorios.
En
este sentido, también se pronuncia Víctor Armando López Illescas de la Alianza
Mesoamericana de Pueblos y Bosques, una red de esta región formada por
comunidades indígenas que se han asociado para manejar los bosques, el agua,
sus tierras agrícolas, etc. "Hay varios ejemplos, como el del pueblo
q’eqchí de Guatemala, que ha realizado un trabajo muy fuerte para recuperar sus
formas de organización y los derechos sobre sus tierras, pero se enfrentan
tanto a proyectos privados como al establecimiento de áreas protegidas".
Y se
refiere al polémico caso del Parque
Natural Semuc Champey, joya del
ecoturismo en el país, establecido sobre tierras q’eqchí y que las comunidades
tomaron por la fuerza, echaron a los empleados y gestionaron ellos mismos el
complejo durante algo más de un año. "Sus tierras les fueron arrebatadas
para establecer un área protegida que hoy es un destino turístico de primer
nivel en el país", resume López. "Cuando estas comunidades decidieron
recuperarlas, fueron expulsadas, catalogadas como invasoras, y hoy por hoy hay
15 personas bajo proceso por varios delitos como instigación para cometer
delitos, usurpación de bienes del estado... ¿Dónde se ha visto que una
comunidad de 200 personas tenga a 50 de ellas con órdenes de captura para ir a
la cárcel por defender su territorio?, protesta, indignado.
Al
mismo tiempo que los sistemas de justicia se utilizan como “armas” contra los
pueblos indígenas, existe una impunidad generalizada para quienes cometen actos
de violencia contra ellos. "Unos meses antes de ser asesinado, Claudio me
dijo que cualquier día amanecía con una bala en la cabeza. Él escribía cartas a
ministros, hacía denuncias ante el
Gobierno, y nunca hubo una investigación
de qué les pasó. Nadie está preso, hay impunidad total", abunda Da Silva
en una de sus intervenciones.
Otro
sonado caso es el del asesinato de la llorada Berta Cáceres, indígena hondureña
que llegó a ganar por su labor el máximo reconocimiento para activistas
medioambientales, el Premio Medioambiental Goldman. A ella la mataron en su
casa el 3 de marzo de 2016, presuntamente por su lucha para paralizar la
construcción de una presa en un río de su país del que dependen varias
comunidades de la etnia lenca. Pese a la presión internacional para que se
investigase el crimen, pese a las pruebas reunidas por
expertos y las palabras de un
testigo presencial, no ha habido condena alguna.
"El
caso de Berta muestra cómo se ha fallado deliberadamente en proteger la vida de
las personas que están defendiendo sus recursos naturales, sus pueblos y en
este caso, sus ríos. Esto es una cosa crónica en nuestros países, están siendo
asesinadas, criminalizadas a veces comunidades enteras", asevera López.
"Lo que hace falta es un compromiso de los Gobiernos de una protección
mínima".
Los Gobiernos deben actuar
Para
López, las demandas más urgentes son completar los procesos de devolución,
demarcación y saneamiento de las tierras indígenas. "Hay legislación que
en el papel es excelente, pero en la práctica no se aplica, al contrario, se ha
mantenido un estado de abandono a la ley del más fuerte", afirma. En
segundo lugar, reconocer y apoyar las formas propias de jurisdicción,
organización y administración de tierras y bosques que las comunidades tienen.
Y en tercero, coherencia en términos de políticas públicas: "que no
establezcas por un lado una tierra protegida y estés por otro lado promoviendo
la expansión del cultivo de la palma o de proyectos hidroeléctricos
abusivos", detalla.
VICTORIA
TAULI-CORPUZ, RELATORA ESPECIAL DE LA ONU PARA LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
Para
César, el indígena colombiano es también importante brindar medidas de
protección colectivas, y no individuales, como las que les ha ofrecido el
Gobierno colombiano. "Lo que se está haciendo actualmente es otorgar
medidas individuales como las que se dan a cualquier ciudadano colombiano, lo
que ha hecho que muchos líderes que llevan procesos fuertes en territorios
indígenas tengan que abandonar sus comunidades y sus propias luchas para irse a
resguardar en las grandes ciudades. Ahí quedan totalmente aislados y
abandonados, y estos procesos que llevamos en las comunidades se corten",
denuncia.
"Ellos
[los pueblos indígenas] necesitan que se respeten sus derechos sobre el papel y
en la práctica. Incluso en los países donde la ley los contempla, no hay
ninguna garantía de que no sean menoscabados por intereses económicos, que son
los que prevalecen. Así que necesitan una protección real y una implementación
real de las leyes nacionales e internacionales que ya existen y que ya se han
votado y aprobado por muchos Gobiernos", recomienda Tauli-Corpuz en Oslo.
Entre otras medidas, la Relatora exige en su informe a los Estados que realicen
investigaciones prontas e imparciales de los crímenes, que obtengan el
consentimiento libre, previo e informado de los dueños de las tierras sobre las
que se realice cualquier proyecto y que la legislación vigente imponga
obligaciones a las empresas cuando exista un riesgo de violación de derechos
humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.
Foto: Nilson Tuwe Huni Kuĩ, líder indígena de la Amazonia brasileña, durante su intervención en un evento mundial sobre paz y diversidad religiosa en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, en febrero de 2013. DEVRA BERKOWITZ UN PHOTO
Oslo 21 SEP 2018 - 00:01 CEST EL PAIS
No hay comentarios:
Publicar un comentario